El 12 de junio de 2025, la Comisión Europea anunció que está evaluando la posibilidad de posponer la entrada en vigor de ciertas disposiciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). Aunque el texto legal ya entró formalmente en vigor el 1 de agosto de 2024, sus obligaciones se están aplicando de manera escalonada. El aplazamiento buscaría dar más tiempo a la industria y a las autoridades nacionales para asimilar los requisitos técnicos y jurídicos del nuevo marco regulatorio, especialmente en lo relativo a la gobernanza de los modelos de IA de propósito general y las sanciones asociadas .
Origen y cronograma del AI Act
El AI Act, aprobado como Reglamento (UE) 2024/1689 el 13 de junio de 2024, fue impulsado con el objetivo de posicionar a Europa como líder en regulación ética de IA. El texto introduce tres categorías de riesgo prohibido, alto riesgo y bajo riesgo y establece obligaciones específicas según el nivel de peligro que las aplicaciones de IA puedan suponer para derechos fundamentales y seguridad pública .
Tras su entrada en vigor el 1 de agosto de 2024, las prohibiciones y obligaciones básicas de alfabetización digital de IA comenzaron a aplicarse el 2 de febrero de 2025. Las normas relativas a gobernanza de modelos de propósito general estaban previstas para el 2 de agosto de 2025, mientras que la aplicación total, incluyendo sistemas de alto riesgo incorporados en productos regulados, se fijó para el 2 de agosto de 2027 .
Motivos del posible retraso
- Comentarios insuficientes en la consulta pública: Las encuestas y mesas redondas han revelado que numerosos Estados miembros y operadores del mercado carecen de claridad sobre la implementación práctica de ciertas obligaciones, en especial el régimen sancionador.
- Desarrollo de normas armonizadas: Las futuras normas técnicas de CEN‐CENELEC —destinadas a facilitar la conformidad con el AI Act— se han retrasado en su elaboración, lo que compromete la capacidad de los agentes para demostrar cumplimiento cuando llegue la fecha límite .
- Volumen de nuevas herramientas regulatorias: La creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y la elaboración de un Código de Buenas Prácticas para IA de propósito general requieren plazos adicionales para contratar expertos y redactar directrices sólidas .
Implicaciones para la industria
Un aplazamiento implicaría, por un lado, más tiempo para que empresas y startups europeas y extranjeras adecuen sus procesos de desarrollo y auditoría de IA. Sin embargo, podría introducir incertidumbre en inversiones planeadas y retrasar la competitividad de soluciones innovadoras que ya cumplen con los estándares de alto riesgo.
- Organizaciones con recursos limitados evitarían sanciones prematuras mientras ajustan su tejido interno de gobernanza de datos.
- Compañías que ya han invertido en cumplimiento verán diluirse su ventaja competitiva frente a aquellas que aún deben adaptar sus sistemas .
Reacciones de las partes interesadas
- Asociaciones empresariales como DigitalEurope han aplaudido la “flexibilidad temporal” para garantizar que los requisitos no sean contraproducentes ni excesivamente onerosos para pymes y centros de investigación.
- ONG de protección de derechos digitales han manifestado su preocupación, señalando que cualquier retraso podría dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a tecnologías potencialmente dañinas, como reconocimiento facial sin salvaguardas adecuadas.
- Estados miembros: Mientras países con sistemas regulatorios más maduros (Francia, Alemania) apoyan extender plazos, otros con capacidad de supervisión limitada piden recursos adicionales en lugar de más tiempo .
Puntos clave del debate
- Equilibrio entre innovación y seguridad: ¿Debe primar la rapidez de adopción de IA frente a la garantía de derechos fundamentales?
- Armonización vs. soberanía nacional: El AI Act busca un terreno de juego común, pero los sistemas de supervisión en cada país varían en capacidad y experiencia.
- Efecto contagio regulatorio: Un retraso europeo podría influir en regulaciones de otras jurisdicciones (EE. UU., Reino Unido), ya que suelen seguir el ejemplo de la UE en materia digital.
Próximos pasos
La Comisión ha abierto un periodo de trece semanas para recibir aportaciones adicionales de stakeholders. Tras ello, se prevé una revisión interna en otoño de 2025 y una decisión definitiva en la primera mitad de 2026.
- Junio–septiembre 2025: Consulta pública ampliada.
- Octubre–diciembre 2025: Evaluación de comentarios y propuesta de ajuste de calendario.
- Primer semestre 2026: Votación final y publicación de la nueva fecha de aplicación formal.